Vejez, juventud, Norte, Sur: el mapa jurídico es desigual entre regiones, pero también dentro de cada territorio del propio proyecto. Mozambique cuenta con instrumentos vinculantes para personas mayores y para jóvenes. El Salvador, solo para personas mayores. Cataluña, para ninguno de los dos. Y en ningún instrumento —ni el más protector— se mide la interseccionalidad: edad cruzada con género, origen o clase.

Incluso donde la ley ya existe, tenerla no garantiza que se cumpla. El informe de progreso de la Década del Envejecimiento Saludable de la OMS (2023) encontró que, aunque la legislación contra el edadismo creció más de un 20% entre los países encuestados, menos de un tercio declaró contar con recursos adecuados para llevar a la práctica sus cuatro áreas de acción. La ley avanza; el presupuesto y la capacidad institucional para aplicarla, no al mismo ritmo.

Lo mismo ocurre con la Convención Interamericana: 11 países de la región —incluido El Salvador— ya la han ratificado, pero la propia CEPAL, junto a la OEA y la OPS, ha tenido que insistir repetidamente desde 2015 en llamados a la acción para que los gobiernos la implementen de verdad. Mientras tanto, cerca de la mitad de las personas mayores de América Latina y el Caribe no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades diarias — la brecha entre el derecho reconocido y la vida real.

Ese es el vacío que señalamos desde este proyecto: no basta con que un derecho exista en el papel si no hay política pública, presupuesto e instituciones que lo hagan efectivo.