El proyecto fotoperiodístico Descartados, impulsado para visibilizar las carencias de los ancianos en el entorno rural de El Salvador, ha recibido el apoyo del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que durante la presentación de su plan de política pública para ofrecer una atención integral a las personas adultas mayores del país ha recibido un ejemplar del libro y ha reiterado su “compromiso con la justicia social” hacia este colectivo vulnerable.
La “Política Pública de la Persona Adulta Mayor”, que el pasado martes 17 de octubre presentó el Presidente Sánchez Cerén, ha sido elaborada por el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) para promover “la protección, el respeto, la participación y el ejercicio pleno de los derechos” de las personas adultas mayores con el objetivo fundamental de brindar una mejor calidad de vida a este colectivo que representa el 11% de la población salvadoreña. Entre otros derechos, el texto prevé que reciban ingresos económicos dignos y que se activen medidas para la inclusión familiar y comunitaria además de soluciones integrales sobre salud y vivienda.
Como colofón al acto de presentación en San Salvador, el coordinador de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores, Emilio Espín, en calidad de representante de la sociedad civil, ha entregado al Presidente de la República un ejemplar del libro Descartados,. La obra, que recoge un centenar de historias gráficas sobre la pobreza y la exclusión de los mayores en El Salvador rural, ha sido elaborada por el periodista español Marc Espín para visibilizar las carencias de los ancianos y motivar reacciones que contribuyan a mejorar sus vidas.
Emilio Espín ha explicado que esta publicación, que analiza cinco áreas de la vida, representa “el rostro humano del adulto mayor” en El Salvador y busca “visibilizar, sensibilizar y comprometer a los tomadores de decisiones en el ámbito nacional e internacional”. También se ha mostrado “satisfecho” con la aprobación de esta estrategia gubernamental pero ha señalado que “la lucha continúa, porque hay que aplicarla”, recordando que para culminar el esfuerzo queda pendiente la aprobación de la Ley del adulto mayor por parte de la Asamblea Legislativa y la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos.
UN PLAN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS MAYORES
A través de la nueva “Política Pública de la Persona Adulta Mayor” el órgano Ejecutivo salvadoreño promoverá un plan integral pionero que supere la visión asistencialista de la administración y establecerá una política pública integral basada en el respeto a los derechos de los ancianos desde un enfoque solidario e inclusivo. “Con esta política esperamos dejar a un lado las atenciones basadas en la caridad –ha afirmado la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato –para convertirlas en atenciones basadas en la solidaridad y los derechos”.
El Presidente Salvador Sánchez Cerén ha afirmado que esta política “es un compromiso del Ejecutivo de poner todas las instituciones en función de garantizar los derechos de las personas adultas mayores”. También ha explicado que la entrega de esta política nacional “es un acto trascendental de justicia social con los ancianos, que merecen tener derechos garantizados, respeto y cariño para una vida digna, activa y plena”.
Discurso íntegro del Presidente de El Salvador pronunciado durante la presentación de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.
El documento ha sido desarrollado durante cerca de tres años por la Secretaría de Inclusión Social de CONAIPAM mediante un proceso de consulta innovador de talleres en los que participaron más de 2.000 personas adultas mayores de todo el país residentes en el campo y en la ciudad además de organizaciones, centros de atención y grupos de pensionados.
Este instrumento jurídico aborda nueve ejes de actuación sobre los que el gobierno trabajará en adelante como el empoderamiento, participación y ejercicio de derechos; protección y acceso a la justicia; salud integral y cuidados; servicios sociales; educación; actividad física, deporte y cultura; hábitat y accesibilidad; ingreso y acceso a beneficios; y atención a grupos específicos.
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