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El 2026 inició con un cambio estructural en la atención a personas con discapacidad y adultos mayores en El Salvador. El Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y ExCombatientes (INABVE) comenzó la absorción del CONAIPD y el CONAIPAM, los consejos nacionales encargados de velar por los derechos de estas poblaciones. Sin embargo, según reportó La Prensa Gráfica el 19 de enero de 2026, esta transición se ha iniciado sin que se haya transferido el presupuesto que por ley correspondía a ambas instituciones, generando incertidumbre sobre la capacidad financiera del INABVE para cumplir con sus nuevas responsabilidades.
Presupuestos insuficientes y preocupaciones iniciales
El CONAIPD contaba con $346,537 y el CONAIPAM con $517,880 para este año, montos que deberían haberse incorporado al presupuesto del INABVE, aprobado en $189.9 millones, principalmente destinado a veteranos de guerra.
“El gobierno decidió estas dos disoluciones sin consulta con las tres instituciones. Los argumentos fueron la insatisfacción con la gestión previa y la promesa de una atención mejor, pero la disolución repentina provocó incertidumbre y el despido doloroso de gran parte del personal de planta”, señala Emilio Espín, cofundador y socio honorífico de Descartados ONG.
Posibilidades de una atención integral
Según Espín, la reforma legal del INABVE permite mejorar la cobertura:
“El contenido de la ley ofrece servicios más completos y mantiene la legislación nacional e internacional. Hay apertura para desarrollar la integración con la esperanza de garantizar atención integral y derechos efectivos”.
La clave, agrega, será implementar políticas nacionales participativas, con planes de acción y con enfoque de derechos humanos, así como la garantía de un refuerzo presupuestario suficiente y equitativo, que no comprometa los beneficios ya adquiridos por veteranos y lisiados de guerra.
Llamado a la equidad y la justicia presupuestaria
“No pedimos todo para las personas mayores y con discapacidad, sólo una distribución justa del presupuesto de acuerdo con la realidad demográfica, el envejecimiento acelerado y la reducción de nacimientos”.
Para la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, esta integración representa una oportunidad y un desafío: asegurar que la promesa de una atención integral y de calidad se traduzca en acciones concretas, con recursos adecuados y participación activa de los sectores involucrados.
Desde Descartados ONG seguiremos acompañando este proceso, visibilizando las necesidades de personas mayores y con discapacidad y colaborando para que sus derechos no queden en promesas, sino en políticas efectivas.
