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Los adultos mayores piden proteger el ahorro de cotizantes y garantizar derechos a las más de 700 mil personas sin pensión
La Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores en El Salvador, que representa a las personas con más de 60 años, pide pensiones contributivas y no contributivas justas, inclusivas y sostenibles. Para que esto ocurra, Emilio Espín, coordinador de La Coalición y responsable de adulto mayor en el INABVE, exige proteger el ahorro de quienes cotizaron y garantizar derechos a las más de 700 mil personas sin pensión que trabajaron toda la vida en la economía informal.
El debate sobre el sistema de pensiones en El Salvador vuelve a estar de actualidad tras el rechazo de la Asamblea Legislativa a la propuesta de ley de protección de las pensiones de la diputada Claudia Ortiz el pasado día 14 de enero. En este contexto, La Coalición pone sobre la mesa una cuestión fundamental: los recursos de las pensiones pertenecen a las personas trabajadoras, no al Estado. Y, al mismo tiempo, plantea una deuda histórica: quienes trabajaron toda su vida sin cotizar también tienen derecho a una pensión digna.
Cada mes, miles de trabajadores y trabajadoras salvadoreñas aportan de forma obligatoria una parte de su salario al sistema previsional. Lo hacen, muchas veces, renunciando a necesidades inmediatas, con la expectativa de que ese ahorro —revalorizado— les permita vivir con dignidad en la vejez. Ese fondo representa años de esfuerzo, constancia y trabajo sostenido.
Por ello, las pensiones no pueden entenderse como una concesión del gobierno ni como un acto de generosidad institucional. Son el resultado del trabajo acumulado durante décadas. Pero también es necesario reconocer a quienes han sostenido la economía desde la informalidad, en el ámbito rural y urbano, sin que nadie cotizara por ellos: personas que trabajaron toda su vida y hoy envejecen sin ninguna protección.
Una deuda estructural: ahorro utilizado, derechos pendientes
A lo largo de los años, distintos gobiernos han recurrido a los fondos de pensiones para financiar necesidades del Estado. Cuando esto ocurre sin límites claros, sin condiciones financieras justas y sin transparencia suficiente, se produce un desequilibrio profundo: el endeudamiento público termina recayendo sobre el ahorro de las personas trabajadoras.
Paralelamente, la ausencia de una pensión básica digna para quienes no cotizaron evidencia una exclusión estructural del sistema previsional, que deja fuera a una gran parte de la población mayor.
Hacia una ley de protección y un sistema más justo
Ante esta realidad, distintos sectores han planteado la necesidad de avanzar hacia un marco legal que proteja el ahorro previsional y amplíe derechos. Entre las propuestas destaca la posibilidad de impulsar una Ley de protección, transparencia y rendimiento justo del ahorro previsional, junto con el reconocimiento de una pensión básica no contributiva digna.
Entre los principios que deberían orientar una reforma de este tipo se encuentran:
- Establecer límites claros al uso de los fondos de pensiones por parte del Estado, evitando su utilización ilimitada o desproporcionada.
- Garantizar condiciones financieras justas, asegurando que cualquier uso de estos recursos incluya intereses adecuados y dignos.
- Fortalecer la transparencia, de modo que cada persona cotizante pueda conocer con claridad cómo se utiliza su dinero, en qué condiciones y por cuánto tiempo.
- Promover la equidad del sistema, reconociendo tanto a quienes han cotizado como a quienes, por las condiciones del mercado laboral, nunca pudieron hacerlo.
- Impulsar la responsabilidad fiscal, mediante planes concretos y verificables para la devolución de los recursos utilizados.
- Abrir el debate sobre el modelo previsional, con participación social, para definir un sistema público, mixto o privado que garantice sostenibilidad y reduzca costos de administración.
La voz de La Coalición y el debate pendiente
Desde hace años, La Coalición ha insistido en la necesidad de una pensión básica digna, posicionando este tema tanto en el debate público como en espacios institucionales. Su planteamiento ha sido claro: no puede hablarse de justicia previsional si se excluye a la mayoría de personas mayores que nunca pudieron cotizar.
En esta línea, también se han señalado limitaciones en otros espacios de discusión. La Mesa Nacional por una Pensión Digna ha centrado históricamente su enfoque en el sistema contributivo, con una mirada técnica que, en muchos casos, ha dejado en segundo plano la urgencia de una pensión no contributiva.
Por su parte, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ha aportado análisis relevantes, incluyendo enfoques que visibilizan la exclusión específica de las mujeres mayores, quienes enfrentan mayores barreras de acceso al sistema previsional debido a trayectorias laborales marcadas por la informalidad y el trabajo de cuidados no remunerado.
Un debate urgente en un contexto de reforma
Este debate cobra especial relevancia en el contexto actual, en el que se plantea una reforma estructural del sistema previsional en El Salvador, en diálogo con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, el país atraviesa un momento político sensible. Según advierte Emilio Espín Amprimo, representante propietario de las organizaciones de personas adultas mayores en el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes (INABVE), el calendario electoral podría influir en los tiempos de decisión:
“Estamos en un contexto preelectoral y una reforma de este tipo implica costos políticos y posibles descontentos. Existe la percepción de que podría postergarse. Sin embargo, por su importancia, el debate y la aprobación del nuevo sistema de pensiones deberían darse antes de las elecciones”.
En este escenario, la discusión no puede limitarse a la sostenibilidad financiera. Debe incorporar criterios de justicia social, equidad y derechos humanos, garantizando que el sistema responda a la realidad demográfica del país, marcada por el envejecimiento acelerado y la alta informalidad laboral.
Pensiones dignas: una cuestión de justicia
En una sociedad que envejece rápidamente, garantizar pensiones contributivas y no contributivas dignas no es solo un desafío técnico o económico. Es, sobre todo, una cuestión de justicia, de confianza institucional y de reconocimiento al trabajo de toda una vida, con o sin cotización.
Avanzar hacia un sistema previsional verdaderamente inclusivo implica también incorporar al sector informal con soluciones creativas y sostenibles, evitando que millones de personas sigan quedando fuera de cualquier protección en la vejez.
En este contexto, también resulta clave definir con claridad cómo se financiarán las distintas prestaciones del sistema. Emilio Espín advierte que el diseño del modelo será determinante para su sostenibilidad:
“Con el envejecimiento acelerado de la población, la caída de la natalidad y la migración de la fuerza de trabajo joven, el sistema debe incluir de forma creativa a quienes hoy están en el sector informal. De lo contrario, nunca será justo ni sostenible”.
Asimismo, subraya la importancia de no comprometer el equilibrio del propio fondo de pensiones:
“Sería un error que la pensión no contributiva se financie con el mismo fondo previsional. Esa responsabilidad debe ser asumida por el Estado desde otras fuentes”.
Porque una sociedad que no garantiza ingresos dignos en la vejez no solo falla en su sistema económico, falla en su compromiso con la dignidad humana.
