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El Salvador avanza en un proceso de consulta pública orientado a recoger las opiniones y propuestas de las personas adultas mayores de cara a la elaboración de una nueva política de protección. El proceso se ha desarrollado en las últimas semanas y representa uno de los ejercicios de participación más directos que ha impulsado el país en esta materia.
El proceso está impulsado por el Comité de Protección de las Personas Mayores del INABVE — el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes, organismo público responsable, entre otras funciones, de impulsar políticas de protección para las personas adultas mayores en el país. El objetivo es conocer, directamente desde las personas mayores, cuáles son las cuestiones que consideran prioritarias y que deberían quedar reflejadas en la nueva política.
Para Emilio Espín Amprimo — cofundador y socio honorífico de Descartados ONG y representante de las organizaciones de personas adultas mayores en la Junta Directiva del INABVE — este proceso constituye, por ahora, una oportunidad positiva para avanzar en una construcción más participativa de la política pública.
“Podemos decir por ahora que es un buen proceso de consulta democrática.”
De la consulta a una política con resultados
El siguiente paso será fundamental: determinar cómo se procesarán las aportaciones recogidas y cuáles de ellas quedarán finalmente incorporadas en el contenido de la nueva política.
Las organizaciones de personas adultas mayores tendrán la oportunidad de participar en este proceso a través de su representación en la Junta Directiva del INABVE. Asimismo, está previsto desarrollar jornadas de socialización del borrador de la política, que permitirán conocer, discutir y aportar sobre su contenido antes de su aprobación.
Para Emilio Espín, la participación no debe terminar con la recogida de opiniones. El reto será conseguir que las propuestas de las personas mayores se traduzcan en medidas concretas y prioridades dentro de la política.
Una política necesita recursos para hacerse realidad
Junto al proceso de consulta y elaboración de la política, existe otro desafío igualmente importante: garantizar los recursos necesarios para su implementación.
La nueva política deberá estar acompañada de un plan de acción con prioridades, responsabilidades y recursos, de manera que los compromisos establecidos no queden únicamente recogidos en un documento.
La participación de las personas mayores debe estar presente tanto en la construcción de la política como en el seguimiento de su implementación.
Por qué esto importa más allá de El Salvador
Lo que ocurre en El Salvador no es un asunto lejano ni ajeno a la realidad española o europea. Es, de hecho, un espejo en el que conviene mirarse.
En todo el mundo, los derechos de las personas mayores siguen siendo los grandes ausentes de los marcos de protección internacional. Mientras los derechos de la infancia, las mujeres o las personas con discapacidad cuentan con convenciones internacionales específicas que los amparan, las personas mayores todavía no tienen un instrumento equivalente de alcance global. Eso está cambiando: en el seno de Naciones Unidas avanza un proceso hacia una convención internacional sobre los derechos de las personas mayores, un instrumento que podría transformar la forma en que los Estados, incluidos los europeos, diseñan sus políticas.
En ese contexto, los procesos participativos como el que impulsa El Salvador tienen un valor que va más allá de sus fronteras. Cada vez que un país practica la consulta directa con las personas mayores para construir política pública, aporta experiencia, modelos y argumentos a un debate global que todavía está en construcción.
Desde Descartados ONG acompañamos este proceso con atención. Creemos que lo que se aprende en el Bajo Lempa, cómo se organiza una comunidad de personas mayores, cómo exige sus derechos, cómo participa en las decisiones que le afectan, tiene mucho que enseñar también aquí. No como modelo que exportar, sino como experiencia que amplía la mirada sobre lo que es posible cuando las personas mayores son tratadas como sujetas activas de derechos y no como beneficiarias pasivas de políticas diseñadas sin ellas.
Valoramos positivamente que se abra este espacio de consulta y participación. Escuchar a las personas adultas mayores y permitir que sus propuestas formen parte de las políticas que les afectan es un componente esencial de una sociedad democrática.
Ahora será necesario observar cómo se procesan las aportaciones, qué propuestas quedan incorporadas en la política definitiva y, sobre todo, cómo se garantiza su implementación.
Porque consultar es un primer paso. Convertir las propuestas en derechos efectivos requiere voluntad, planificación y recursos.
