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Emilio Espín, cofundador y socio honorífico de Descartados en El Salvador, advierte que las pensiones y apoyos a las personas mayores deben considerar no sólo la pobreza económica, sino también factores sociales y comunitarios, evitando su uso electoralista.
En una entrevista concedida al salvadoreño Canal 6, Emilio Espín, analizó el anuncio del Gobierno salvadoreño sobre la asignación de cerca de 27 millones de dólares del presupuesto 2026 para programas dirigidos a garantizar alimento y apoyo económico a las personas mayores.
Aunque la medida representa un avance significativo, Espín advirtió que su impacto real dependerá de cómo se diseñen e implementen los programas y de si estos logran abordar las múltiples dimensiones de la pobreza y la exclusión social que afectan a las personas mayores.
“Si estas medidas se cumplen tal como se han anunciado, podrían representar un avance. Pero siguen siendo totalmente insuficientes si las comparamos con la cantidad de personas mayores que aún no reciben pensión y que viven en condiciones de desnutrición, sin acceso a una alimentación adecuada”, reflejó Espin
Canastas alimentarias: la importancia de la participación comunitaria
Según explicó, la entrega de canastas alimentarias puede ser una medida positiva si se realiza con criterios de nutrición y sin incluir comida chatarra, pero también insistió en que la evaluación de la pobreza debe ser multidimensional y realizada en consulta con las comunidades.
“Cuando los criterios se definen sólo desde lo político, se corre el riesgo de que los programas sean usados con fines electorales”, advirtió Espín.
Asimismo, señaló que para paliar de manera efectiva la pobreza y la desnutrición real, la frecuencia de entrega de las canastas debería ser mensual o bimestral, no esporádica o limitada a momentos coyunturales.
Pensiones por pobreza: un paso insuficiente hacia la dignidad
En relación con las pensiones entregadas a personas mayores en situación de pobreza, Espín reconoció que una ayuda de 50 dólares mensuales es mejor que no recibir nada, pero subrayó que no representa una mejora sustancial en la calidad de vida.
Actualmente, la Ley Especial establece los 60 años como edad de referencia, sin embargo, las pensiones se otorgan recién a los 70 años, dejando fuera a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Apenas unas 30 mil personas beneficiadas aproximadamente, cuando hay cerca de 700 mil sin pensión en el país.
Además, recordó que los fondos asignados a este programa se han reducido en los últimos años, lo que compromete su sostenibilidad.
“Es preocupante que el presupuesto asignado al CONAIPAM, el ente rector de la atención a las personas mayores del que formamos parte desde la Coalición, siga siendo tan bajo. Es un retroceso y una señal de que aún no se está priorizando realmente a este sector de la población”, sostuvo.
Envejecer con dignidad: un derecho, no un favor
“Los programas sociales deben diseñarse con las personas, no para ellas. Sólo así podrán tener impacto real y sostenido”, concluyó Espín.
